La pobreza energética en Cataluña: Avances y retos pendientes

Contexto y antecedentes de la pobreza energética en Cataluña

La persistencia de la pobreza energética en Cataluña sigue siendo un desafío significativo a pesar de los progresos legislativos y de las acciones implementadas por las autoridades públicas en años recientes.

La crisis derivada de la pandemia y la situación en Ucrania ha exacerbado la dificultad, especialmente para las familias más vulnerables, debido al notable aumento en los costos de la energía y la volatilidad en el precio de la luz y el gas. Este artículo examinará los aspectos clave abordados en el informe del Síndic de Greuges sobre la pobreza energética en Cataluña, resaltando las conclusiones principales sobre la actual prevalencia del fenómeno, las medidas adoptadas y los desafíos que persisten.

El informe revela un marcado incremento en los indicadores principales de pobreza energética en Cataluña en los últimos años, como resultado de la escalada de precios de la luz y el gas. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat, la proporción de la población incapaz de mantener la vivienda a una temperatura adecuada se ha duplicado en los últimos dos años, pasando del 9,4% en 2020 al 19,2% en la actualidad.

De manera similar, los hogares con retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal han aumentado del 6,3% en 2019 al 12,8% en 2022. Estos datos subrayan el impacto significativo del aumento en los costos de la energía en el riesgo de pobreza energética para las familias catalanas.

La pobreza energética no afecta a todos los grupos sociales por igual, como evidencian los indicadores disponibles. Según datos del Idescat, la población extranjera tiene el doble de probabilidad de enfrentar dificultades para mantener la vivienda a una temperatura adecuada (33,5%) en comparación con la población española (16,9%) a través de la calefacción eléctrica.

El contexto del desempleado en panorama

Además, esta dificultad es más prevalente entre la población desempleada (30,9%) que entre la ocupada (18,2%), así como entre aquellos con educación primaria o inferior (24,3%) en comparación con los que tienen estudios superiores (15%). Estos datos confirman la tendencia a la feminización de la pobreza energética, con tasas más altas entre las mujeres (20,6%) en comparación con los hombres (17,5%).

 

En los últimos años, la crisis energética ha ocasionado un notable incremento del gasto promedio en electricidad, gas y agua por parte de los hogares catalanes. Según datos extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, el desembolso alcanzó los 1.463 euros por hogar en 2021, reflejando un incremento del 6,6% respecto al periodo pre-pandemia en 2019 y del 30,4% comparado con 2008. Esta situación ha derivado en un aumento del peso del gasto energético en el presupuesto familiar, pasando del 4,17% en 2019 al 4,62% en 2021. Cataluña figura como una de las regiones con mayor gasto per cápita en energía y agua en España y Europa.

Desafíos en el acceso al bono social para hogares vulnerables

Los datos disponibles indican que la cobertura del bono social eléctrico resulta claramente insuficiente, beneficiando solo alrededor del 4,6% de los consumidores y al 6,9% de los hogares, cifras significativamente inferiores al 19,9% de los hogares catalanes en riesgo de pobreza o al 9% que enfrenta privación material severa.

 

Además, los criterios de ingresos establecidos para acceder al bono excluyen a ciertas familias situadas por debajo del umbral de pobreza, especialmente aquellas con más de un adulto. En cuanto a la magnitud del descuento aplicado, tampoco garantiza necesariamente que el peso del gasto energético sea inferior al promedio.

Todos estos aspectos derivados del diseño del bono social limitan su eficacia para reducir la desigualdad en el acceso a la energía.

Así, se ha registrado un marcado incremento en los indicadores clave que evalúan esta problemática:

• La proporción de población incapaz de mantener la vivienda a temperatura adecuada se ha duplicado, pasando del 9,4% en 2020 al 19,2% actual
• Los retrasos en el pago de facturas relacionadas con la vivienda han experimentado un aumento del 6,3% en 2019 al 12,8% en 2022.
• Esto evidencia el fuerte impacto del alza de precios en el riesgo de que las familias catalanas experimenten situaciones de pobreza energética.

Otras medidas, como el bono social térmico, también enfrentan problemas, como retrasos en su percepción, tanto debido a demoras en la transferencia económica del Estado a la Generalitat como al tiempo que esta última invierte en el pago a los beneficiarios. Estos retrasos contradicen su propósito de ayudar a las familias vulnerables a hacer frente al gasto térmico.

Comparación de los niveles de precios de la energía entre Cataluña y la UE

Desde una perspectiva comparativa, el precio de la electricidad y el gas natural para el consumo doméstico es consistentemente más alto en Cataluña y España en comparación con la media de la Unión Europea.
En 2022, por ejemplo, el precio doméstico de la electricidad era un 18% superior en España que en la UE, así como el precio del gas, un 38,4% más elevado. Esta disparidad de precios ha aumentado en los últimos años, distanciando aún más a Cataluña de la media europea.

Todos estos elementos contribuyen a que, a pesar de los progresos realizados, persista un margen significativo de mejora para asegurar completamente los derechos de las personas en situación de pobreza energética. El cumplimiento efectivo del marco normativo vigente y la promoción de nuevas mejoras son esenciales para superar esta problemática social en Cataluña.

Disparidades en el consumo energético entre Cataluña y otras regiones autónomas

El consumo eléctrico per cápita en Cataluña supera la media nacional. En 2021, el consumo anual de electricidad por persona fue de 4.655 kWh en Cataluña, un 11,5% más alto que el promedio español de 4.173 kWh.

Asimismo, el consumo de gas en Cataluña también se sitúa por encima de la media. En 2021, el consumo anual de gas por persona alcanzó los 1.239 kWh en Cataluña, superando en un 33% la media española de 932 kWh.
Las necesidades de calefacción en Cataluña son menores debido a su clima más moderado, con un promedio anual de grados día de calefacción de alrededor de 1.700, la mitad que en regiones como Madrid (3.500 grados días) o Galicia (3.300 grados días), lo que resulta en un menor consumo energético para la calefacción.

Los hogares catalanes tienden a ser más pequeños que la media nacional, con una superficie útil media por vivienda de 90,4 m2 en 2020, inferior a la media española de 94,8 m2. Las viviendas más pequeñas requieren menos energía para calefacción y refrigeración, por lo tanto suelen demandar tarifas de luz diferentes a las viviendas de mayor tamaño.

A pesar del mayor consumo, Cataluña presenta tasas ligeramente inferiores a la media española en indicadores como la incapacidad para mantener la vivienda caliente, posiblemente debido a ingresos más altos en comparación con regiones de climas más fríos y niveles salariales inferiores.

Los niveles de uso de energías renovables para electricidad y calefacción en Cataluña son comparables o ligeramente inferiores a las medias españolas, dependiendo más de combustibles fósiles, lo que incrementa los costos energéticos

A pesar de las diferencias climáticas y los tamaños de viviendas que impulsan un mayor consumo energético en Cataluña, los ingresos superiores ayudan a explicar tasas inferiores de pobreza energética en comparación con áreas de climas más duros pero niveles salariales más bajos.

Medidas implementadas y balance final

Para contrarrestar el drástico aumento de los precios de la energía causado por la guerra en Ucrania, se han implementado diversas medidas temporales en los últimos dos años, dirigidas a mitigar el impacto en los consumidores vulnerables: ampliación del bono social eléctrico (hasta el 65% y 80%); bono social térmico; reducción del IVA al 5%; tope del gas; prohibición de cortes; limitación del butano, entre otras.

Como balance tras esta década de políticas contra la pobreza energética en Cataluña, se observa un progreso normativo significativo, especialmente con la Ley 24/2015; mejoras en la intensidad del bono social; y despliegue de medidas de emergencia efectivas ante la crisis actual. A pesar de ello, los niveles de pobreza energética siguen siendo elevados, persisten desafíos como ampliar la cobertura y garantizar los suministros a personas en situación de exclusión, y quedan posibles deficiencias como agilizar trámites o reforzar la protección de los vulnerables más allá de las bonificaciones puntuales. En definitiva, a pesar de los avances, aún existe margen de mejora para garantizar universalmente los derechos sociales