El alquiler para estudiantes: un problema sin solución cercana

El mercado del alquiler ahoga a los jóvenes estudiantes

Alquilar una habitación o un alojamiento para un estudiante es un calvario con la situación actual: El mercado se encuentra a la baja, la oferta se encuentra muy por debajo de la demanda y, por consecuencia, los precios del alquiler siguen subiendo en todas las grandes ciudades. A todo esto hay que añadirle los gastos en comida, los pagos de suministro de agua, y los de electricidad y gas a las compañías de luz. Para entender mejor el contexto, el precio del alquiler ha aumentado más de un 16% en toda Europa en los últimos 10 años, y precisamente en el último año el crecimiento se ha acentuado.

Según un estudio publicado por Idealista.com este 2022, el precio del alquiler en España ha aumentado un 6,4% respecto al año anterior, colocando el precio por m2 muy cerca del máximo histórico alcanzado en plena pandemia. En ciudades como Barcelona, Madrid o Donostia los precios superan la media con creces, situando los precios por encima de los 15€/m2 y creciendo a un ritmo de un 10% a un 20% anual. En cambio, en ciudades como Ourense o Badajoz, los precios no crecen más de un 3,5%. Y en Zamora incluso los precios bajan un 2% respecto al año pasado. 

En España

A día de hoy, el precio medio por alquilar una habitación en España se sitúa por encima de los 330€ en más de 15 grandes ciudades, pero en ciudades como Barcelona o Madrid el precio supera ampliamente los 400€.

Los precios del alquiler en las grandes ciudades son prohibitivos

San Sebastián es la ciudad más cara para alquilar un piso de España. En ella el precio por compartir piso es de 460€ al mes. Muy de cerca la sigue Barcelona, donde el precio se sitúa en unos 450€ de media. Ambas ciudades registran grandes incrementos en su precio del alquiler respecto al año pasado, destacando el de la ciudad condal, que se sitúa en un 20,2% alcanzando un máximo histórico.

En tercer lugar se encuentra Madrid, donde el precio para compartir piso se encuentra en 420€ como media. En la capital también preocupa la situación en las residencias estudiantiles, donde no pueden acoger a más estudiantes ya que en los últimos años el nivel de ocupación supera el 85%. Les siguen en el ranking las ciudades de Palma de Mallorca (400€), Bilbao (370€) y Málaga (350€).

Hay más estudiantes que habitaciones disponibles

Una de las principales causas de la subida del precio del alquiler para estudiantes se encuentra en la gran disparidad entre la oferta de pisos de alquiler y habitaciones compartidas y el número de estudiantes que estudian lejos de su casa. En ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga o Madrid, la oferta de habitaciones compartidas se ha reducido en más de un 50% y en un 45% de media en el resto del país. Ante esta situación, los estudiantes universitarios tienen mayores dificultades para alquilar que el resto de colectivos. Esto se debe a que aún existe escepticismo y prejuicios a su alrededor, tachándolos de descuidados, ruidosos y agresivos. 

¿Qué medidas está tomando el gobierno para limitar la subida del precio del alquiler para estudiantes?

Ante este descontrol, el gobierno ha tomado algunas medidas para limitar los precios de los alquileres a nivel estatal. Una de las medidas más polémicas es la limitación de un 2% al incremento de los alquileres de aquí a 2023. Esta medida surgió a raíz de la subida exponencial del IPC, que afectaba a los precios de los alimentos, medicinas, transporte,... El problema se encuentra en que este límite solo se aplica en contratos de alquiler que cumplan un año o más antes del 30 de junio de 2022. Esto deja a muchos pisos de estudiantes fuera de la ecuación, donde los estudiantes a veces firman contratos durante el curso académico y luego abandonan el piso para buscar una alternativa mejor.

Para paliar con este problema, el gobierno aprobó el bono de alquiler joven. Este bono forma parte de un programa de ayuda a los jóvenes y proporciona una ayuda económica de 250€ al mes a cualquier joven comprendido entre las edades de 18 y 35 años que acrediten una renta de trabajo y que cobren un salario 3 veces inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Este indicador determina la renta vital mínima y se toma como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones y prestaciones sociales.